Cuba elimina precios máximos al pollo, aceite, leche en polvo y pastas: Resolución 150/2026

El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba eliminó este sábado 20 de junio los precios minoristas máximos que desde julio de 2024 regían sobre varios alimentos importados por pasajeros —pollo troceado, aceites comestibles (salvo el de oliva), leche en polvo, pastas alimenticias y salchichas—, según la Resolución 150/2026 publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 73. La medida deroga por completo las resoluciones 225 y 310 de 2024, pero mantiene la exención del pago de aranceles aduaneros para esos cinco productos. El periodista Mag Jorge Castro fue de los primeros en difundir el cambio en redes.

La resolución llega apenas un día después de que Miguel Díaz-Canel reconociera ante el Pleno Extraordinario del Comité Central del PCC que los topes de precios «no lograron contener la inflación» y anunciara que el régimen dejará de recurrir a controles generalizados como mecanismo antiinflacionario —un giro que medios como CiberCuba y Havana Times contextualizaron como autocrítica histórica tras años de negar el fracaso de esa política.

Qué dice exactamente la Resolución 150/2026

El texto oficial, firmado en La Habana el 20 de junio por el ministro Vladimir Regueiro Ale, expone que «resulta necesario dejar sin efectos los precios minoristas máximos establecidos en la referida Resolución 225 de 2024 y mantener la exención del pago de los aranceles, excepto el producto detergente en polvo». En su único artículo resolutivo, exonera del Impuesto Aduanero las importaciones de:

• Pollo troceado;
• Aceites comestibles (excepto de oliva);
• Leche en polvo;
• Pastas alimenticias; y
• Salchichas.

La disposición final primera deroga íntegramente las resoluciones 225 (5 de julio de 2024) y 310 (26 de septiembre de 2024), «en aras de evitar la dispersión legislativa». La segunda dispone entrada en vigor desde su publicación en la Gaceta. El anexo único reproduce las subpartidas arancelarias (0207, 0402, 1507, 1511, 1512, 1601, 1602, 1902) con los topes de peso y unidades de medida aplicables a cada categoría.

Contexto: de los topes de 2024 al reconocimiento de Díaz-Canel

Cuando en julio de 2024 el gobierno promulgó la Resolución 225, la medida buscaba contener el encarecimiento de alimentos que entraban por vía de equipaje y compras en el exterior. Sin embargo, el régimen suspendió su aplicación antes de que entrara plenamente en vigor mientras negociaba con actores privados, y economistas como Pedro Monreal advirtieron entonces que los topes podían provocar escasez e inflación reprimida —exactamente lo que Díaz-Canel admitió el 18 de junio de 2026 ante el Comité Central: «provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios, menos recaudación de impuestos y una carrera imposible entre precios reales y decisiones administrativas que siempre llegaban tarde».

«Por eso no vamos a seguir topando precios de manera general, como explicó el Primer Ministro.»

Qué implica para la calle

En la práctica, la Resolución 150/2026 libera a vendedores privados y cuentapropistas de los techos fijados en 2024 sobre esos alimentos importados, en línea con el abandono anunciado de controles generalizados. Eso no garantiza precios más bajos: en un mercado marcado por escasez, apagones y una inflación que supera ampliamente los salarios, la eliminación del tope puede traducirse en precios de mercado más altos para quienes dependen de importaciones informales o de la red de «mules» y pasajeros.

La exención arancelaria —salvo para el detergente— significa que quien importe esos productos por equipaje seguirá sin pagar el Impuesto Aduanero, pero ya sin límite oficial en el precio de reventa. Para el detergente en polvo, la resolución supone un endurecimiento: pierde la exoneración que tenía bajo la Resolución 225. El documento no establece nuevos mecanismos de subsidio directo ni calendario de transición; se limita a derogar el marco anterior.

Encaje con las 176 medidas y el fin de la política de topes

La Resolución 150/2026 encaja en el giro más amplio que el régimen articuló esta semana: el 18 de junio la Asamblea Nacional ratificó 176 transformaciones económicas —banca privada, fin progresivo de subsidios universales, apertura al capital extranjero— y Díaz-Canel reconoció que la fijación administrativa de precios había fracasado. Derogar los topes sobre alimentos importados es una de las primeras piezas normativas concretas de ese discurso, aunque el gobierno aún no ha publicado un calendario detallado de cómo sustituirá los subsidios generalizados por ayudas focalizadas.

Para la prensa independiente y la diáspora, la medida confirma lo que analistas venían señalando desde 2024: los controles de precios en Cuba no contuvieron la inflación sino que empujaron productos hacia el mercado negro. La Resolución 150/2026 no resuelve el desabastecimiento estructural —dependencia de importaciones, crisis energética, contracción del PIB—, pero sí retira un instrumento que el propio presidente acaba de calificar de contraproducente.