Con un voto de 6 a 3, la Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes que la Ley Helms-Burton —formalmente, la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act de 1996— elimina por sí misma la inmunidad soberana de empresas estatales cubanas en demandas por propiedades confiscadas tras la revolución de 1959. La decisión permite que la demanda de Exxon Mobil contra Corporación CIMEX y otras entidades cubanas siga avanzando en tribunales federales de EE. UU., según reportó SCOTUS Wire y confirmaron medios como Reuters y Just The News.
El fallo resuelve una disputa jurídica de años: si quien demanda bajo el Título III de Helms-Burton debe, además, encajar en una de las excepciones del Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de 1976. La mayoría respondió que no: el Congreso ya había decidido en 1996 que las agencias e instrumentalidades cubanas podían ser demandadas directamente por «traficar» con bienes expropiados.
Qué propiedades reclama Exxon y por qué importa CIMEX
Exxon Mobil es sucesora de Standard Oil, que operó en Cuba desde principios del siglo XX. Según la demanda presentada en 2019 y recogida por Miami Herald y Reuters, el gobierno cubano nacionalizó en 1960 una refinería en la bahía de La Habana (entonces Belot, hoy Refinería Ñico López), terminales, plantas y 117 estaciones de servicio valoradas entonces en unos 72 millones de dólares. Esos activos pasaron a manos de CUPET y CIMEX, conglomerados estatales que siguen explotándolos.
Exxon interpuso la querella el 2 de mayo de 2019, el mismo día en que expiró la suspensión semestral del Título III que habían mantenido varios presidentes. La administración de Donald Trump dejó caducar esa suspensión; entonces el secretario de Estado Michael Pompeo declaró que «el detente con el régimen ha fracasado». La compañía pide recuperar unos 280 millones de dólares, según Reuters.
La mayoría de Kavanaugh: el Congreso ya decidió
El juez Brett Kavanaugh escribió la opinión mayoritaria, con el respaldo del presidente John Roberts y de los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, según Just The News. Kavanaugh sostuvo que, leída en su conjunto, la Ley Helms-Burton deja «claramente discernible» la intención del Congreso de levantar la inmunidad jurisdiccional de las instrumentalidades cubanas en pleitos bajo el Título III, sin exigir además una excepción del FSIA.
En los argumentos orales del 23 de febrero, Ratner había resumido la tesis de Exxon: el Congreso de 1996 buscaba ejercer «una presión diplomática y económica aplastante» sobre La Habana, y eso incluía permitir demandas contra instrumentalidades cubanas. El subprocurador general Curtis E. Gannon, en representación del gobierno federal, respaldó esa lectura ante el tribunal.
«In a 6-3 vote, the Supreme Court rules that the Helms‑Burton Act itself strips Cuban state‑owned companies of sovereign immunity, allowing Exxon’s billion‑dollar lawsuit over property seized after Castro’s 1960 nationalizations to proceed in U.S. courts.»
La disidencia de Kagan y el voto dividido
La jueza Elena Kagan disintió, con el respaldo de Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Según resúmenes de prensa, Kagan argumentó que crear un derecho a demandar y abrogar la inmunidad soberana son cuestiones «analíticamente distintas»: el Título III abre la puerta procesal, pero no necesariamente elimina por completo las protecciones del FSIA sin un texto más explícito del Congreso.
El reparto ideológico refleja la línea conservadora-liberal habitual del tribunal actual: los seis jueces nombrados por presidentes republicanos formaron la mayoría; los tres nombrados por demócratas disintieron.
Qué cambia en la práctica — y qué no
La Corte no dictó sentencia sobre el fondo ni ordenó pagos inmediatos. Revirtió un fallo del Circuito de D.C. de 2024 que había permitido a CIMEX invocar la inmunidad soberana y devolvió el caso a instancias inferiores para que continúe el debate sobre responsabilidad y daños, según E&E News.
Aun así, la decisión elimina uno de los obstáculos más serios que enfrentaba Exxon y puede reforzar otras decenas de demandas presentadas bajo Helms-Burton entre 2019 y 2020, cuando Trump reactivó el Título III tras décadas de suspensiones presidenciales. Hasta entonces, presidentes de ambos partidos habían congelado el derecho a litigar cada seis meses para evitar choques diplomáticos con aliados —Canadá, España y la Unión Europea, entre otros— con inversiones en Cuba.
| Fecha | Hito |
|---|---|
| 1960 | Cuba nacionaliza refinería Belot, terminales y estaciones de Standard Oil sin compensación |
| 1996 | Congreso aprueba Helms-Burton; Título III autoriza demandas por «tráfico» de bienes confiscados |
| 2 may 2019 | Trump deja expirar la suspensión del Título III; Exxon presenta demanda el mismo día |
| 2024 | El Circuito de D.C. (panel dividido) permite a CIMEX invocar inmunidad soberana bajo FSIA |
| 23 feb 2026 | Argumentos orales ante la Corte Suprema (24-699) |
| 23 jun 2026 | Fallo 6-3: Helms-Burton abroga la inmunidad; caso remitido a tribunales inferiores |
Reacción en Cuba y contexto diplomático
El gobierno cubano no emitió al cierre de esta nota un comunicado oficial sobre el fallo. En 2019, cuando Exxon presentó la querella, CUPET y CIMEX no respondieron de inmediato a solicitudes de comentario de Reuters. La Habana ha calificado históricamente el Título III como una extraterritorialidad ilegítima y una amenaza a inversiones extranjeras en la isla.
Para la diáspora cubana y sectores del embargo en Miami, el veredicto refuerza la herramienta legal más agresiva de Washington contra activos revolucionarios. Para Europa y Canadá, que mantienen leyes de «bloqueo» contra la aplicación de Helms-Burton en sus territorios, el fallo puede reavivar tensiones comerciales si proliferan sentencias ejecutables contra empresas con vínculos en Cuba.
El siguiente capítulo será judicial, no diplomático de inmediato: jueces de distrito y de apelaciones deberán decidir si CIMEX y CUPET «traficaron» con la propiedad expropiada en el sentido del Título III y, en su caso, cuánto deben pagar. Exxon, mientras tanto, suma una victoria procesal que llevaba años esperando desde que el primer gobierno Trump reactivó una ley dormida durante más de dos décadas.
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